Delincuentes o rearmados, el Estado en el dilema de la legalidad

La fuerza militar en Nicaragua insiste en llamar a los rearmados “bandas delincuenciales”, es algo más que simple retórica, trata de mantener al Estado fuera del derecho internacional y las Convenciones de Ginebra

Un delincuente roba o mata para robar, pero no tiene “objetivos” políticos, también huye para no enfrentar a la policía y menos al ejército, ni pone una página en facebook que diga, miren somos los mejores tamales contra el gobierno. En los últimos años han aparecido algunos grupos que de una u otra manera se han enfrentado a las instituciones armadas, el Frente Democrático Nicaragüense (FDN 380), Coordinadora Gerrillera Nicaragüense (CGN), el grupo de El Flaco, Yahob, y recientemente las Fuerzas Armadas de Salvación Nacional (FASN EP) que se adjudica la matanza de simpatizantes sandinistas el 19 de julio pasado.

La pulpería policial de hecho asegura que “somos el país más seguro de Centroamérica“, con lo cual muchas mujeres solas seguro saldrán a caminar de noche por las calles de Hialeah o Las Torres y los demás iremos a aprovechar con nuestras laptops el Wi Fi gratis de los oscuros parques capitalinos. Sin embargo, no es esa inseguridad la que preocupa ahora, sino, aquella que practican las instituciones armadas.

En este momento lo peor que te puede pasar es ser liberal en Ciudad Darío, pues prácticamente toda la dirigencia opositora y sus familias están bajo sospecha por la masacre de los simpatizantes sandinistas y pueden ser secuestrados de manera ilegal por un grupo de soldados encapuchados y delatores enmascarados, sin saber, si estos “testigos” simplemente quieren salvarse el pellejo e inventan cualquier nombre después de ser acariciados.

Por otro lado está nuestra eficiente policía que espera resolver esta masacre cuando no ha podido con la mayoría de delitos comunes, como el de los Ocupa INSS, los femicidios de Estelí, y como en el Caribe Sur donde tienen una tasa de esclarecimiento del 55 por ciento.

Bueno, pero en Nicaragua vivimos en paz y reconciliación, matando a activistas sandinistas y apresando sin cargos a liberales. Por ahora, es difícil saber cuántos son los capturados, quienes son los desaparecidos y sobre todo la gran pregunta de todos sin excepción ¿quienes verdaderamente dispararon a esa pobre gente que no merecía morir en esos buses? ¿Quienes son estos del FASN EP, realmente cometieron estos crímenes y si lo hicieron, por qué la policía o el ejército no los busca o habla de ellos?

Sin embargo, aunque no estemos en guerra o no se quiera aceptar que se tratan de una amenaza política, la policía o el ejército bien puede hacerse la vista gorda de los derechos constitucionales de los civiles desarmados, pero no puede escapar del derecho internacional.

En primer lugar, no pueden hacer desapariciones o secuestros selectivos aunque sean sospechosos, según Amnistía Internacional “una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley”.

Cada una de las capturas sin orden judicial de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua viola los siguientes derechos humanos fundamentales:

  • el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona;
  • el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante;
  • el derecho a unas condiciones humanas de reclusión;
  • el derecho a una personalidad jurídica;
  • el derecho a un juicio justo;
  • el derecho a la vida familiar.

Los militares quieren evitar los Convenios de Ginebra, de hecho desde hace varios años se insiste al gobierno para que ratifique el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ya que somos tan respetuosos de La Haya donde vamos a pelear con los vecinos hasta por un pantano. Sin embargo, “en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional”, es posible aplicar disposiciones mínimas del derecho internacional humanitario.

Por un lado, es cierto que “solo puede existir un conflicto armado entre partes que estén suficientemente organizadas para enfrentarse entre sí con medios militares”, ¿pero cómo determinamos la capacidad de estos grupos? El doble atentado de las caravanas sandinistas, parecen tener la suficiente logística para alterar todo el funcionamiento normal de las fuerzas públicas.

Los estatutos internacionales también aplican la situación de guerra o conflicto armado cuando el Estado provoca la intervención del ejército, pues significa que la policía no es suficiente para enfrentar las hostilidades. Un documento sobre derechos humanos en situaciones bélicas está aquí disponible.

Así que podemos seguir comprando en la pulpería, tal vez encontramos algo de paz, pero si fuera el caso de revisar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Estado como tal debe limitarse a entender que a pesar de no haber ratificado nada, hay una tipificación de crímenes de lesa humanidad que valen aquí y en China:

  • encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional,
  • persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género,
  • desaparición forzada de personas.
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Un pensamiento en “Delincuentes o rearmados, el Estado en el dilema de la legalidad”

  1. Si estos re-armados fueran capturados en los Estados Unidos, serian eliminados en el lugar o enviados a Guantanamo. Ningun pais permite gente armada impartiendo violencia en su territorio. No me hagan reir con este articulo.

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