Si Evans hubiera tenido 17 años muchos de los opositores a las reformas del Código de la Niñez y Adolescencia tendrían un problema de lógica muy grave. Por supuesto que la ley es muy buena, para Noruega o Dinamarca, donde el Estado puede garantizar todo lo que promete, a Nicaragua le queda como una camisa grande e incómoda con la que no puede moverse.
Hay una gran diferencia entre la realidad de los menores en Europa y América Latina, allá en las sedes de los donantes de nuestras ONG, donde se publican muchos de los libros de nuestros académicos, los factores que disparan la violencia juvenil están más orientados a la pérdida del nivel de vida y seguridad propios de esos lados, además se vinculan otras formas de exclusión como xenofobia y su detonante el racismo.
En nuestra región los menores no solamente aparecen más en las cifras de víctimas, también lo están entre los datos de victimarios, estadísticas claras de la OPS.
De este lado del mundo el narcotráfico, la postguerra, la pobreza extrema e las instituciones ineficientes, son amenazas latentes que el código no contempla, pero no sólo estos factores sociales, económicos y políticos atacan a los menores, algo de culpa lleva el mismo código. Así en su estado ideal, la ley es más bien una bandeja servida para el crimen organizado. Desde 1998 las pandillas juveniles pasaron de simples protectores territoriales con piedras y machetes, ladronzuelos de buses y mercados, a ser expendedores de drogas con armas hechizas e incluso de fuego (leáse Rodgers). Simple casualidad? La ausencia de sanciones a los delitos de adolescentes y sobre todo la publicidad de muchas organizaciones civiles por sostener que la impunidad es un derecho de los adolescentes criminales, es un llamado cómplice a cometer delitos. Si un niño no hace la tarea, requiere disciplina y reglas. Si un adolescente maltrata o asesina, no?
Supongamos que Evans hubiera tenido 17 años, no dice el código que debe garantizarse su seguridad, su integridad física, moral, su derecho a la educación? Hay adolescentes en Managua, León, Estelí, Granada y Masaya que han sido víctimas de la brutalidad de otros menores de edad. A quien protege entonces el código? No debería defender también el derecho a la integridad física de las madres o padres trabajadoras asaltadas o asesinadas por adolescentes, no es importante proteger a esos menores de edad que viven del salario de sus progenitores. Quién les devolverá el derecho a crecer en una familia cuando quedan huérfanos?
Extraño que muchas organizaciones civiles funcionen con una discriminación anormal, la protección de los niños socialmente integrados está en segundo plano cuando se lucha ciegamente por los derechos de niños dentro de grupos criminales.
Eso sólo señala determinados prejuicios que se repiten en nuestra sociedad muy sutilmente, pero señores entiendan: LA POBREZA NO ES SINÓNIMO DE CRIMINALIDAD, Y NO TODOS LOS DELINCUENTES SON POBRES, si no cree, vaya a la sede de un partido político o pregunte si en Noruega ya no hay niños asesinos.
No se puede criminalizar la pobreza, pero tampoco decir que la gente pobre tiene el derecho moral a traspazar la ley, eso es un pensamiento burgués, vaya usted y pregunte a una madre del Barrio Cuba cuyos hijos van a la escuela con sacrificio propio y es victima de las agresiones de sus vecinos pandilleros, victimas de la violencia callejera son también los más pobres. Es cierto, casi sin excepción, los adolescentes criminales tienen historias familiares extremadamente duras, ellos mismos han sido víctima de violencia y exclusión, pero nada de esto disculpa un delito, como tampoco justificaría la represión.
Irónicamente muchos que piden no reformar el código, exigen sanciones más graves para el feminicidio como agravante del homicidio, pero la pobreza de estos hombres desempleados, analfabetas, excluidos y sin perspectivas, son los mismos atenuantes que disculparían una sanción penal para un adolescente. Lo único que tiene lógica al castigar los delitos, no son los factores sociales, sino, el derecho procesal, específicamente, la capacidad individual por reconocer un daño o perjuicio. En naciones como Alemania, Suiza, Austria, Italia y Dinamarca, a partir de los 14 años, en caso de los menores de edad se llevan los casos en un tribunal especial, en Australia e Inglaterra son concientes de culpa al cumplir los 10 años.
Hay sanciones menores y hay delitos graves, los segundos deben tener una pena, por simple y llana justicia. O visto desde el mismo código, esta ley debe proteger a los niños, incluso, de ellos mismos, de no pasar de potencial reclutas del crimen a miembros activos, que la adolescencia no sea un tiempo de prueba para la mafia.
El respeto a la integridad física, a la vida, es un derecho humano básico de adultos, adolescentes y niños, si las organizaciones civiles pretenden pasar por alto este mensaje, están inclumpliendo un mandato universal y los presuntos derechos que pretenden fomentar, serán no más demagogia.
Sin embargo, los grupos más privilegiados de esta sociedad, tampoco debemos eliminar responsabilidades colectivas, somos parte de ese sistema de exclusión social y estamos en la parte de la ciudad donde sale el sol, criminalizar a menores de edad como adultos, sería darle continuidad a una sociedad de grandes disparidades. Debemos protestar también para que estos adolescentes no sólo reciban sanciones justas, sino también para que tengan las oportunidades necesarias para su desarrollo personal, aunque no sean de nuestro mismo barrio. No sea que en lugar de agua helada, nos ofrezcan una bala.
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